La mediació.

Tots tenim conflictes, problemes de convivència, familiars, a la feina, amb els veïns ... Sovint no sabem com posar-nos a resoldre la situació. El mediador pot ajudar-nos a abordar la situació, identificar i minimitzar el conflicte, aturar conseqüències, avançar-se a esdeveniments problemàtics, en fi, donar-nos eines per gestionar el conflicte i trobar el consens. L’acord es pot formalitzar davant un notari i té transcendència jurídica, o bé es pot facilitar a l’advocat a fi que obtingui el reconeixement judicial segons convingui. Un procés de mediació té l’avantatge de ser més ràpid que qualsevol procés judicial i fins i tot que el procés de negociació. I el més important, permet fer-se responsable de la resolució del conflicte, per tant, garantir-ne la satisfacció i el compliment en raó de la implicació en la pròpia gestió.

El dret a decidir sobre la nostra qualitat de vida en un futur.

En previsió de trobar-nos en una situació en la qual a causa d’una malaltia, accident o deficiència, no puguem tenir cura i/o prendre decisions sobre la nostra persona i patrimoni, podem nomenar un apoderat perquè aleshores vetlli pels nostres interessos, podem fer un testament vital (document d’instruccions prèvies en l’àmbit de la salut) o podem nomenar el nostre tutor pel cas que sigui necessari en raó d’una declaració judicial d’incapacitació (autotutela). Igualment, els pares poden nomenar tutors o administradors del patrimoni dels seus fills menors o declarats incapaços pel supòsit que ells faltin.

L’advocat ens pot assessorar en l’utilització de distints recursos legals que les persones tenim a l’abast per preveure una futura situació de dependència i per tant, assegurar-nos que es compleixi la nostra voluntat si per diferents circumstàncies derivades del nostre estat físic o psíquic no podem expressar-la, és a dir, per poder decidir anticipadament sobre la nostra qualitat de vida. 

La relació dels fills amb altres familiars o persones pròximes.

Els fills tenen dret a relacionar-se amb els avis, els germans i altres persones pròximes, i tots aquests tenen també el dret de relacionar-se amb els fills. Els progenitors han de facilitar aquestes relacions i només les poden impedir si hi ha una causa justa.

Els Tribunals poden garantir la relació o bé limitar-la en interès dels fills.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª).Sentencia núm. 320/2011 de 12 mayo RJ\2011\3280 "el interés eminente del menor consiste, en términos jurídicos, en salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, los derechos de su propia personalidad. En el fondo, no es otra cosa que asegurarle la protección que merece todo ciudadano en el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo como persona singular y como integrante de los grupos sociales en que se mueve, y en el deber de los poderes públicos de remover todo obstáculo que se oponga al completo y armónico desarrollo de su personalidad". Por tanto, en lo correspondiente al derecho a tener relaciones con parientes y allegados, hay que tener en cuenta que el niño no puede ver recortada la relación y comunicación con personas que le son próximas humana y afectivamente, por causa de las diferencias entre dichas personas. Por ello, el interés del menor obliga a los tribunales a decidir que el niño tiene derecho a relacionarse con los miembros de su familia, con independencia de que entre ellos existan o no lazos biológicos.”

GUARDA COMPARTIDA. DEDUCCIÓ DELS PAGAMENTS EN L’IRPF.

        Resolució del TEAC, 03654/2014/00/00, Vocalia 12ª, de 11/09/2014.    Fundamentos de Derecho III.- El artículo 64 de la LIRPF dispone las siguientes especialidades aplicables en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de los hijos:

“Los contribuyentes que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial, cuando el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicarán la escala prevista en el número 1º del apartado 1 del artículo 63 de esta Ley separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en el número 1º del apartado 1 del artículo 63 de esta Ley, a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración”.

Previsión que se reproduce en el artículo 75 de la LIRPF a efectos de la aplicación de la escala autonómica.

Por su parte, el artículo 58 del mismo texto legal regula en los siguientes términos el mínimo por descendientes:

“1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, de:

1.836 euros anuales por el primero.

2.040 euros anuales por el segundo.

3.672 euros anuales por el tercero.

4.182 euros anuales por el cuarto y siguientes.

A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable.

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados”.

Precepto este último que debe ser completado con lo dispuesto en el artículo 61 de la LIRPF en el que se regulan las normas comunes para la aplicación del citado mínimo por descendientes y conforme a las cuales:

a) Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, respecto de los mismos descendientes, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

b) No procederá la aplicación del mínimo por descendientes cuando los descendientes que generen el derecho a los mismos presenten declaración por este Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros.

c) La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta a efectos de lo establecido en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la LIRPF se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de devengo del Impuesto.

A lo anterior debe añadirse que en los supuestos de separación matrimonial o divorcio, el mínimo por descendiente corresponderá a quien tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos a la fecha del devengo del Impuesto, al tratarse del progenitor que convive con aquellos. No obstante, procederá el prorrateo por partes iguales cuando la guarda y custodia sea compartida, con independencia de quién sea el progenitor con el que convivan a la fecha del devengo.

En los casos que nos ocupan en el presente recurso extraordinario para la unificación de criterio, los obligados tributarios se aplican el 50 por 100 de la cuantía del mínimo por descendientes, derivado del descendiente del cual tienen la guarda y custodia compartida juntamente con el otro progenitor, de quien se han separado o divorciado.

En tales supuestos, el Director recurrente concluye que la aplicación del mínimo por descendientes y del tratamiento previsto para las anualidades por alimentos son incompatibles y, más aún, entiende que en estos casos sólo cabe aplicar el mínimo por descendientes prorrateado al 50%, sin que quepa aplicar beneficio fiscal alguno por los alimentos pagados a los hijos. Es decir, que estos beneficios no pueden aplicarse conjuntamente y además que no es una opción del contribuyente el aplicar uno u otro sino que necesariamente prima el mínimo por descendientes sobre la aplicación separada de la escala de gravamen al importe de las anualidades por alimentos.

Dicho de otra manera, se sostiene que la aplicación separada de las escalas de gravamen que contemplan los artículos 64 y 75 de la LIRPF está supeditada a que el contribuyente que satisface las anualidades por alimentos en favor de sus hijos por decisión judicial no conviva con ellos, resultando además en estos casos (posibilidad de aplicar el beneficio fiscal del mínimo por descendientes o la escala de gravamen de forma separada) de aplicación prioritaria y obligatoria el mínimo por descendientes.

Pues bien, ninguna de estas dos consideraciones se encuentran recogidas en nuestra actual legislación, pues los artículos 64 y 75 no establecen como requisito que no existan convivencia con el hijo a favor del cual se satisfacen los alimentos, ni el artículo 58 se erige como norma de aplicación obligada caso de que concurra con la de los artículos 64 y 75, sin que la ausencia de estas pretendidas reglas sea una laguna en la norma que pueda rellenarse acudiendo a la figura de la interpretación, sino que, bien al contrario, son un requisito (que no existan convivencia con el hijo a favor del cual se satisfacen los alimentos) y una regla (la aplicación preferente del mínimo por descendientes) que no existen actualmente y que sólo podrían introducirse, en su caso, vía modificación legislativa.

La interpretación, según nuestra mejor doctrina, consiste en determinar el verdadero significado o alcance de las normas jurídicas, lo que no se da en el supuesto aquí examinado, pues dados los términos en los que los preceptos citados están expresados, la interpretación sistemática y finalista que se propone por el recurrente, implicaría un auténtico desarrollo de la norma, en una función necesariamente legislativa y no meramente interpretativa.

A mayor abundamiento, estima el recurrente que “De no interpretarse estos dos beneficios como incompatibles (con preferencia del mínimo por descendientes por ser la regla general), se estaría haciendo de mejor condición a los padres que han pasado por un proceso de nulidad, separación o divorcio matrimonial y que tienen la guarda y custodia compartidas, que a los padres que no han pasado por esos procesos y que, sin embargo, soportan igualmente la carga de sostenimiento de sus hijos (pensemos, por ejemplo, en una unidad familiar formada por dos cónyuges y sus hijos). Es decir, el beneficio fiscal estaría atendiendo no a la carga económica que soporta el contribuyente para el sostenimiento de sus hijos (...) beneficiando más a unos "estados civiles" que a otros”. En efecto, así sucede en la normativa del IRPF, que discrimina en contra de los contribuyentes casados y no separados legalmente con hijos a cargo, pero sólo de nuevo vía modificación legislativa sería posible evitar estas situaciones. La comparación no debería hacerse entre los contribuyentes casados y no separados legalmente con los contribuyentes que están divorciados/separados y que tienen atribuida la guarda y custodia compartida de sus hijos menores satisfaciendo anualidades por alimentos, sino que la comparación, caso de plantearse, sería, para comparar términos homogéneos, entre los contribuyentes separados/divorciados que satisfaciendo anualidades por alimentos tienen la guarda y custodia compartida con la de aquellos que, en la misma situación de divorcio o separación, no tienen atribuida la guarda y custodia de sus hijos menores. Planteados así los términos de la comparación, resultaría que la interpretación que se propugna por el Director recurrente discriminaría a unos contribuyentes frente a otros, por el solo hecho de haber optado, voluntariamente en la mayoría de los casos, por la guarda y custodia compartida de sus hijos menores, que es precisamente la figura que se ha intentado incentivar con la reforma del artículo 92 del Código Civil. Como se ha reflexionado anteriormente, los contribuyentes a los que se hace de peor condición son los casados y no separados legalmente con hijos a cargo, para los que ningún beneficio fiscal semejante se contempla, a pesar de que ellos, además de convivir con sus hijos, también satisfacen sus alimentos. Pero la normativa del IRPF lejos de ser neutral está plagada de este tipo de situaciones que solo el legislador podría solventar. Así, por ejemplo discrimina en contra de los rendimientos del trabajo si los comparamos con la tributación de las rentas del capital mobiliario, o discrimina en general en contra de las personas físicas si comparamos su tributación con la de los beneficios de las personas jurídicas, al someter a aquéllas a fuertes tipos progresivos.

En virtud de todas las consideraciones anteriores, se desestima el presente recurso.

En este mismo sentido se pronuncian no solo el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, sino también el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia en resolución 15/683/2013 de fecha 30 de julio de 2013; el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Sala Desconcentrada de Málaga) en resolución 29/3688/2012 de fecha 28 de marzo de 2014); así como el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias en resolución 52 /1175/ 2013 de fecha 16 de junio de 2014.

Por lo expuesto

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, visto el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio promovido por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ACUERDA DESESTIMARLO, fijando como criterio el siguiente:

El tratamiento previsto en los artículos 64 y 75 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es aplicable para las anualidades por alimentos satisfechas en virtud de decisión judicial a favor de los hijos en aquellos casos en los que el contribuyente que satisface las anualidades ostente la guarda y custodia compartida respecto de sus hijos, contribuyente que también tendrá derecho a aplicar el mínimo por descendientes.

EL MENOR POT DECIDIR AMB QUI VOL VIURE EN UNA SITUACIÓ DE RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA DELS PROGENITORS ?

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUJNYA  2/2014, de 09/01/2014, Recurs Ponent: Mª Eugenia Alegret Burgues. Recurs 95/2013.

             Fundamentos de Derecho V.-… El art. 233.11.1.e) CCCat dice en relación con los procedimientos de nulidad, separación o divorcio que, para establecer el régimen de guarda y custodia, deberá tenerse en cuenta, entre otros criterios, " la opinión expresada por los hijos ", sin precisar su edad, aunque el artículo 211-6, 2 ya había establecido que el menor de edad, de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su esfera personal o patrimonial.

El derecho del menor a ser escuchado antes de tomar una decisión que le pueda afectar no significa, sin embargo, que su opinión o su voluntad hayan de ser determinantes en la resolución que se adopte. Su criterio debe tenerse en cuenta pero no puede erigirse en elemento decisorio. En otro caso se incurriría en el riesgo de convertir a los menores en sujetos y en objetos de la disputa de sus padres.

Así lo determina con claridad el artículo 233-11,1 que obliga a una ponderación conjunta de los criterios contemplados, siendo el único prevalente el del superior interés del menor (211-6,1). En este sentido, no es irrelevante que la opinión de los menores conste en el quinto lugar del artículo citado.

De este modo, los Tribunales valoraran el contenido de la audiencia del menor conjuntamente con otros factores ya que en ocasiones la voluntad expresada por los menores no coincide con la voluntad real ni con lo que les resulta más beneficioso.

Naturalmente no cabe desconocer, sin la ponderación de los otros criterios contemplados en la norma, y la debida justificación o especial motivación, los deseos de los menores, cuando, como es el caso, tiene suficiente juicio.

Sin embargo, para que el deseo del menor con suficiente juicio pueda ser atendido siempre será necesario: a) que su opinión sea libremente emitida y su voluntad correctamente formada no mediatizada o interferida por la conducta o influencia de alguno de los padres; b) que sus razones sean atendibles por no venir inspiradas en criterios de comodidad o bienestar a corto plazo, c) que no venga desaconsejada por la especial incidencia de otros criterios con los cuales, según la norma, debe ser ponderada conjuntamente la opinión de los menores.

LA POTESTAT PARENTAL i decisions entorn els fills; canvi domicili i centre educatiu.

El pare i mare en virtut de les seves responsabilitats parentals han de tenir cura dels fills, prestar-los aliments, conviure-hi, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors, per a complir les responsabilitats parentals, tenen la potestat parental (potestat del pare i la mare) respecte als fills menors no emancipats (fins els 18 anys).  Per tant, ambdós progenitors són els representants legals dels seus fills menors d’edat.

En exercici de les responsabilitats parentals (potestat parental) els progenitors de comú acord han de decidir les qüestions relacionades amb l’estat de salut del fill, tractaments i intervencions, el tipus d’ensenyament o centre educatiu, un canvi de centre, el lloc de residència habitual i el canvi de domicili si això aparta el menor del seu entorn habitual, entre d’altres. Aquestes responsabilitats i representació, no varia pel cessament de la convivència dels pares, pel que, les decisions s’hauran de continuar prenent de comú acord en benefici i interès dels fills. Pel que, la regla general, és que existint convivència o extingida aquesta, qualsevol dels progenitors, fins i tot el guardador, necessita el consens de l’altre per tal de variar el centre educatiu del fill menor o el domicili del fill si el canvi l’aparta del seu entorn habitual. En defecte d’acord és menester l’autorització judicial.

TS, Sala Primera, de lo Civil, 536/2014, de 20 de octubre 4.- Se fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: el cambio de residencia al extranjero del progenitor custodio puede ser judicialmente autorizado únicamente en beneficio e interés de los hijos menores bajo  su custodia que se trasladen con el. 

En la normativa catalana es manté el principi que els béns adquirits a títol onerós (pagant una contraprestació o preu) durant el matrimoni, pertanyen al cònjuge que consti com a titular formal de l’adquisició (en el document,  factura, escriptura, inscripció al registre de vehicles de tràfic ...) . Pel que, existeix la presumpció de donació de la contraprestació o preu si resulta que aquesta prové del patrimoni del cònjuge no titular formal del bé. Ara bé, s'exclouen d’aquesta concepció els béns mobles destinats a l'ús familiar, com ara els vehicles, el mobiliari, els aparells domèstics o els altres béns que integren el parament de la casa. En aquest tipus de béns, la mera acreditació de la titularitat formal, és sovint poc significativa i, per això, atesa la destinació familiar dels béns, es parteix de la premissa que pertanyen a ambdós cònjuges per meitats. Pel que, es aconsellable que els préstecs de diners que es facin els cònjuges durant la convivència constin en un document que pot elaborar un advocat i a fi d’evitar possibles problemes o conflictes de futur, doncs a manca de pacte escrit pot no resultar clar si els diners es van prestar i per tant, es van deixar amb la voluntat de devolució o compensació en el supòsit de ruptura, o bé, senzillament es van donar sense concórrer un ànim de recuperar-los en el supòsit de trencament de la relació.  En definitiva, aquests documents no s’han d’entendre com un signe de manca de confiança en l’altre, sinó tot el contrari, més aviat com una eina de transparència i honradesa en els tractes durant la convivència o relació amb la voluntat d’evitar malentesos que poden esdevenir en futurs conflictes difícils d’abordar quan potser la relació i tracte és distint per qualsevol circumstància.

L’advocat pot aconsellar i confeccionar en el seu cas, un document d’acords abans d'inciar la convivència o durant aquesta, i sigui matrimonial o no, per regular les distintes relacions econòmiques que van esdevenint entre els membres de la parella i que poden tenir certa transcendència en un futur o en una situació de cessament o ruptura de la convivència. 

Parella estable

La normativa catalana reconeix com a parella estable el fet de la convivència de dues persones de manera anàloga a la matrimonial, en qualsevol dels casos següents, si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, si durant la convivència tenen un fill comú, o si formalitzen la relació en escriptura pública davant Notari.

la família

La norma catalana parteix del reconeixement de que la família gaudeix de protecció legal, i a més, entén la institució familiar com aquella que deriva, sense discriminació, de les relacions familiars en motiu del matrimoni, de la convivència estable en parella i de les famílies formades per un progenitor sol amb els seus descendents (monoparentals). A més, es reconeixen com a membres de la família, els fills de cadascun dels progenitors que convisquin en el mateix nucli familiar com a conseqüència de la formació de famílies reconstituïdes. Ara bé, aquest reconeixement no altera els vincles amb l’altre progenitor.

en aquest blog

En aquest blog podeu trobar informació en relació als drets de la persona, sobretot en el seu entorn més immediat, el de la família.

La seva autora, l’Eva Beneit Vila, advocada en exercici, parteix de la necessitat d’apropar el coneixement dels drets i obligacions de les persones d’una forma senzilla i entenedora, i atès que sovint manca aquesta informació que creu del tot imprescindible en el devenir diari de tota persona.

Disposar de la informació  ens pot ajudar en les nostres decisions per tal d’actuar de forma coherent amb les responsabilitats de cada un. A més, el coneixement pot evitar conflictes, malentesos o pot ajudar-nos a gestionar-nos els conflictes  amb altres persones.

Conèixer els nostres drets i obligacions ens permet exercir la nostra llibertat de decisió i compromís.

El conflicte forma part de la pròpia vida, dels canvis que es van produint al llarg de la pròpia existència i de les distintes relacions que mantenim amb el nostre entorn familiar, empresarial, laboral i de convivència. Som responsables de les nostres decisions i dels nostres actes pel que també hem de ser responsables de la resolució dels conflictes en que ens podem trobar.

L’assessorament preventiu d’un advocat especialitzat en la matèria ens pot ajudar a comprendre l’abast dels drets i obligacions i/o gestionar qualsevol situació, problema o conflicte.

En el seu cas, l’advocat a més ens pot dirigir i orientar en un procediment judicial o en un altre sistema de resolució de conflictes distint al que delega en els Tribunals la decisió.

Qui subscriu aquest bloc creu que els conflictes que es produeixen en motiu de la convivència o les relacions familiars, en la mesura del possible cal evitar resoldre’ls acudint al sistema judicial, ja que en definitiva aquest imposa la solució però sovint no resolt el conflicte o el mateix procés en genera de nous. Existeixen altres sistemes de resolució de conflictes especialment en l’àmbit de les relacions de convivència o familiars, i en els que s’aposta per un sistema de vida de més qualitat i equilibri, doncs fomenten la comunicació i l’acord de present, i pel futur. Endemés, aquests sistemes ens ajuden a transmetre determinats valors i dinàmiques en una societat que ha d’afrontar un munt de problemes i noves situacions cada dia.